Otro turbio asunto, que la Alcaldesa de Valencia Rita Barberá debe explicar con transparencia. Como ha destapado el Levante-emv, doña Rita la Cantaora ha eximido de las cargas de urbanización a 3 empresas privadas: 7 millones de euros (igual al 5% del total del fondo extraordinario del Gobierno), que de esta manera se han sustraido a los bolsillos de todos los valencianos. Y que superan con creces, dejando en ridículo, el dislate de 240.000 euros del gasto en carteles del fondo extraordinario, que denuncia nuestra primera (munífica...) munícipe.
Con su cruzada, doña Rita Barberá ha pretendido hacernos creer que cuida de la economía de todos los valencianos, que es genuina su preocupación por el baño de propaganda del plan Zapatero a cuenta del erario público, y que el dislate mayúsculo del gasto de carteles para promocionar las obras del fondo extraordinario, que según la Primera Munífice en Valencia asciende a a 240.000€, es sonrojante e inaceptable. Ahora bien, compartiendo el fondo de la cuestión, no podemos no estar profundamente indignados por el favor que la Alcaldesa Barberá hace a 3 empresas constructoras de su círculo íntimo, por obras que tienen que realizar ellas y que han sido incluidas en el fondo extraordinario del Gobierno.
Tan peregrinos y falsos aparecen ahora los llantos por los pobres y las quejas por el despilfarro en carteles, cuanto tangibles y sonantes los 7 millones de euros que pasan de los bolsillos de todos los valencianos a las cuentas de estos empresarios de la construcción.
Es importante cuidar de las amistades, pero no de la manera que parece hacerlo la Alcaldesa de Valencia, que quiere demostrar el infinito aprecio que le tiene a sus amigos, utilizando para tal efecto fondos públicos. Nos preguntamos si actuando de esta manera, pasando por encima de convenios urbanísticos y perdonando las obras de urbanización a estas tres empresa, la alcaldesa Rita Barberá no esté cometiendo algún tipo de fraude y de prevaricación. La Alcaldesa tiene que explicar el porque de obras privadas con dinero público, y la autoridad de justicia competente que investigue si ha habido violación de las leyes.
El Gobierno, que es en este caso el que ha fijado los criterios de reparto de los fondos, debería examinar estos tres casos, para averiguar si se han incumplido esos criterios. En el caso de que haya habido algún tipo de asignación fraudulenta, o que los criterios de reparto no se hayan cumplido, debería retirar esos proyectos de la lista de los proyectos aprobados y dejarlos sin efecto. Por lo menos hasta que se presenten otros proyectos que cumplan punto por punto los criterios de asignación.
Un juego de manos digno de los mejores prestidigitadores. La sublimación del timo de la estampita, revisado y corregido.
Con su cruzada, doña Rita Barberá ha pretendido hacernos creer que cuida de la economía de todos los valencianos, que es genuina su preocupación por el baño de propaganda del plan Zapatero a cuenta del erario público, y que el dislate mayúsculo del gasto de carteles para promocionar las obras del fondo extraordinario, que según la Primera Munífice en Valencia asciende a a 240.000€, es sonrojante e inaceptable. Ahora bien, compartiendo el fondo de la cuestión, no podemos no estar profundamente indignados por el favor que la Alcaldesa Barberá hace a 3 empresas constructoras de su círculo íntimo, por obras que tienen que realizar ellas y que han sido incluidas en el fondo extraordinario del Gobierno.
Tan peregrinos y falsos aparecen ahora los llantos por los pobres y las quejas por el despilfarro en carteles, cuanto tangibles y sonantes los 7 millones de euros que pasan de los bolsillos de todos los valencianos a las cuentas de estos empresarios de la construcción.
Es importante cuidar de las amistades, pero no de la manera que parece hacerlo la Alcaldesa de Valencia, que quiere demostrar el infinito aprecio que le tiene a sus amigos, utilizando para tal efecto fondos públicos. Nos preguntamos si actuando de esta manera, pasando por encima de convenios urbanísticos y perdonando las obras de urbanización a estas tres empresa, la alcaldesa Rita Barberá no esté cometiendo algún tipo de fraude y de prevaricación. La Alcaldesa tiene que explicar el porque de obras privadas con dinero público, y la autoridad de justicia competente que investigue si ha habido violación de las leyes.
El Gobierno, que es en este caso el que ha fijado los criterios de reparto de los fondos, debería examinar estos tres casos, para averiguar si se han incumplido esos criterios. En el caso de que haya habido algún tipo de asignación fraudulenta, o que los criterios de reparto no se hayan cumplido, debería retirar esos proyectos de la lista de los proyectos aprobados y dejarlos sin efecto. Por lo menos hasta que se presenten otros proyectos que cumplan punto por punto los criterios de asignación.
Un juego de manos digno de los mejores prestidigitadores. La sublimación del timo de la estampita, revisado y corregido.
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