Cantera de corruptos

“En 25 años no ha habido ni un caso de corrupción en este Ayuntamiento”. El vicealcalde Alfonso Grau hacía estas lapidarias afirmaciones el pasado 26 de septiembre en el Pleno Muncipal del Ayuntamiento de València. Todo para rechazar desdeñoso una moción de Joan Ribó, portavoz de Compromís, para establecer un Plan de Actuación para prevenir la corrupción. El vicealcalde se las prometía felices: “ya realizamos tareas de control de la corrupción, es una iniciativa innecesaria y además ilegal”. Sí, claro, ya realizan tareas de control... Solo hay que ver la ristra de personas que han hecho sus pinitos en el Ayuntamiento de València, y que ahora son objeto de investigación y procesamiento por delitos de corrupción, para saber el alcance de las tareas de control que realizaban Rita Barberá y su camarilla.

José Luis Olivas, Juan Cotino, Francisco Camps, Alfonso Grau, Enrique Pérez Boada, Silvestre Senent, Jorge Bellver, Vicent Igual, Esteban Cuesta, Juan Carlos Gimeno... Todos han pasado por el hemiciclo del consistorio y algunos todavía siguen a las órdenes de Rita Barberá. Cobijados por la alcaldesa aprendieron el oficio, afinaron su técnica, perfeccionaron las habilidades y tejieron las complicidades y redes clientelares que les han llevado a saltar a las crónicas que describen tráficos de influencia, contratos a dedo, prevaricaciones, imputaciones por delitos de estafa y corruptelas de diferente naturaleza.

Juan Cotino, numerario del Opus Dei, presente de un modo u otro en el entorno de todas las tramas de saqueo, y ahora imputado por facilitar los negocios de la Gürtel durante la visita del Papa, hizo su entrada triunfal en el escenario político como concejal en el consistorio el año 1991, cuando Rita Barberá se hizo con la alcaldía de València, merced un pacto con la extinta Unión Valenciana. Fue el comienzo de su meteórica carrera política y el inicio del éxito empresarial, gracias a los millonarios contratos con la administración pública del conglomerado de empresas familiares que dirige su sobrino Vicente Cotino. Saltó a la historia universal de la infamia por intentar comprar a golpe de talonario el silencio de los familiares de las víctimas del Metro de Valencia, y el papelón en la archiconocida entrevista que intentó hacerle Jordi Évole en Salvados. Otras investigaciones se centran en su relación con Enrique Ortiz, el plurimputado conseguidor alicantino, enfangado en las tramas Brugal, Rabasa, nuevo PGOU, etcétera.

En similares circunstancias debutó un jovencísimo Francisco Camps, elegido concejal del Ayuntamiento en el año 1991, que ha vivido una carrera política pareja a la de Cotino: los dos han sido, en diferentes etapas, Delegados del Gobierno en la Comunitat Valenciana. Obligado a dimitir en julio de 2011 de Presidente de la Generalitat por los regalos de su "amiguito del alma" ÁlvaroPérez ‘El Bigotes’, se salvó por los pelos de ser condenado, en un juicio envuelto en extrañas circunstancias. El fue el responsable político de que la Generalitat abriera las puertas de par en par al saqueo de la Gürtel de Correa. Toda su etapa de gobierno está cuestionada: la mayor parte de sus consellers, imputados por corrupción; y todo mientras siguen saliendo casos de uso fraudulento de dinero público a beneficio de tramas corruptas. La mencionada visita del Papa, la gestión ruinosa de Canal 9, el caso Nóos, la Caja Fija de la Generalitat, los tejemanejes de la F1, toda la contratación con la Gürtel, Fira València, los sobrecostes de las obras de Calatrava...

José Luis Olivas, otro puntal del PP, también se bregó en la política municipal, donde ejerció de lugarteniente de la alcaldesa Barberá en su primer gobierno. Solo estuvo una legislatura, pero al conquense se le debió dar bastante bien, por que enseguida lo fichó Eduardo Zaplana para gestionar las cuentas de la Generalitat. Eran años de borrachera urbanísticas,  Terras Míticas y de la megalomanían made in Calatrava, y también de la ocupación partidista de las cajas de ahorros. Ese fue el siguiente destino de nuestro prócer, tras el fugaz paso por la presidencia de la Generalitat de 2002 a 2003: presidente de Bancaixa y del Banco de València. Allí comenzó el ocaso del sistema financiero valenciano, carcomido por la nefasta gestión y las ruinosas  inversiones inmobiliarias, entre otros los bien remunerados préstamos de centenares de millones euros al sobrinísmo Vicente Cotino, por los cuales Olivas está imputado a 3 años de cárcel. En el año 2010 fue nombrado vicepresidente de Bankia, cargo sometido a escrutinio judicial después de la fallida y rescate público de la entidad. Se ha ganado a pulso el título de Presidente de la ruina.

Enrique Pérez Boada es otro espabilado advenedizo que prosperó a la confortable sombra del gobierno de Rita Barberá. Elegido por primera vez en el año 1995, ostentó cargo de concejal de Coordinación de Obras en la Vía Pública  y sucesivamente de Deportes, hasta el año 2003 cuando abandonó la corporación. Eso sí, no sin antes haber dado contratos a dedos al conglomerado de empresas del grupo Trasgos, meses antes de abandonar el Ayuntamiento e incorporarse a su consejo de administración (por estos tejemanejs, la Fiscalía lo está investigando despuésde una denuncia de Compromís). Al poco, fue nombrado por Francisco Camps director del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), y de ahí a encargarse de los asuntos económicos de la visita del Papa. Está pendiente de ser procesado por delitos de prevaricación, falsedad documental, omisióndel deber de perseguir delitos, malversación y encubrimiento, por hechos ralacionados con la construcción y gestión de un hotel en Jalance. Las acusaciones piden para él 15 años de cárcel.

El caso de Alfonso Grau es especial: el sulfúreo vicealcalde de Barberá ya venía con la lección aprendida. Antes de ser concejal, en el año 1995, ya había sido jefazo de la CSIF: cargo a a razón del cual se vio envuelto en varios casos de corrupción y de compra de voluntades (algunas fuentes, que no he podido verificar, afirman que llegó a ser imputado), casos relacionados con empresas constructoras y promociones de viviendas en Madrid y València. A raíz de los encontronazos e investigaciones promovidas por la dirección nacional, intentó fundar una central sindical paralela, presentando avales de afiliados sin su consentimiento. Finalmente en 1994 fue expulsado. Y con ese currículum al año siguiente fue elegido concejal, puesto donde pudo empezar a perfeccionar las habilidades que había ido desarrollando al mando del sindicato. ¡Y no lo hizo nada mal!

Sacrificándose para salvar a Rita Barberá, se ha comido la imputación en el caso Nóos, por los 3,5 millones entregados a dedo a la trama corrupta de Urdangarín, la Infanta Cristina y su socio. Pero ese es solo el último episodio de una gestión plagada de escándalos y gestiones poco claras: como el caso del CeyD, el de Cabanyal 2010, el de AUMSA, Fira València, el Palau de Congressos, la contrata de mantenimiento de los edificios municipales, etcétera.

Una de sus facetas poco conocidas es la de Patrono de la Hermandad del Santo Celo, envuelta en el caso de bebés robados. Una parte de su actividad que Grau oculta con celo.

El actual concejal de personal, Vicente Igual, se ha visto implicado en una turbia historia de tráfico de influencias, a cuenta de una licencia a un postríbulo y el supuesto pago de comisiones, según la acusación de un antiguo cargo de Nuevas Generaciones de València. La denuncia quedó en nada.

El clan de EMARSA

El actual concejal de Hacienda, Silvestre Senent, fue presidente de EMARSA, la empresa gestora de la depuradora de Pinedo, entre los años 1997 y 2002. Por el escándalo de corrupción de esta cloaca mayor, un saqueo de entre 17 y 40 millones de euros, están imputados todos los gerentes y comisionistas que dirigieron la empresa a partir del 2004. De momento Senent ha salido indemne, a pesar de que los testimonios de los imputados apuntan a él como el que movía los hilos de la gestión y como beneficiario  de regalos (relojes, jamones, ordenadores y otras prebendas), al igual que la alcadesa Barberá (que recibía bolsos de Vuitton) o los concejales Aleixandre e Isidro Sanchis, también beneficiados. Los también concejales José Vicente Jurado y Jorge Bellver, han sido presidente y vicepresidente de la entidad en diferentes etapas.

En la causa están imputados José Luis Gimeno, antiguo concejal del PP, que hizo méritos a las órdenes de Barberá y ahora está tirando de la manta; Esteban Cuesta, alcalde pedáneo de Benimàmet nombrado por Rita barberá; Ignacio Martínez y Santos Peral, con responsabilidades orgánicas del PP en los distritos de València. Y también otros cargos relevantes del PP provincial están acusados de diversos delitos, caso del exalcalde de Manises Enrique Crespo.

Por último, pero no menos relevante, el ahora portavoz del PP en les Corts Valencianes, Jorge Bellver, ha ostentado hasta el 2012 diferentes cargos en el gobierno de Barberá. Verborréico, soberbio y perdonavidas, siempre se ha movido al filo de la legalidad, llegando a estar imputado junto a una decena de funcionarios y secretarios municipales por el proyecto del parking bajo los jardines deMonforte, a raíz de una denuncia de Cercle Obert. Todos se libraron de la condena en el juicio oral. Pero ha habido otros casos muy polémicos: la permuta de Tabacalera por un edificio muncipal en plaza de America, y una suculenta contrapartida, que motivó una denuncia penal por parte de un colectivo; la demolición de los muros de la antigua cárcel Modelo y posterior construcción de 4 altas torres que han pervertido el conjunto histórico.        

Puede que el único imputado por corrupción sea el chivo expiatorio Grau. Pero esa circustancia afortunada, no hace justicia al ingente y altamente cualificado trabajo que han realizado en estos años los cargos del PP que se han bregado en la política municipal.

Sirva esta personal contribución para dar a conocer las actividades de tales insignes personajes.