Mi propuesta de ciudad (12): Me comprometo a hacer pagar personalmente a Barberá la factura judicial del expolio del Cabanyal

La reciente resolución de la Sala Tercera del Supremo, condenando al Ayuntamiento de València a pagar 2.000 euros de costas por el “desistimiento tardío en el proceso iniciado a raíz de el último recurso municipal sobre el plan de El Cabanyal, una vez que ya estaba señalado día para votación y fallo”, constituye otro escandaloso gasto que las valencianas han tenido que abonar para satisfacer la obsesión destructiva de la alcaldesa Barberá contra los vecinos y el patrimonio de El Cabanyal.

La sentencia del Tribunal Supremo del pasado 23 de junio, que desestimaba el recurso de la Generalitat contra la Orden Ministerial que protegía el Cabanyal del expolio puso punto y final al largo y tortuoso recorrido judicial del proyecto urbanístico y especulativo de prolongación de la Avenida Blasco Ibáñez.


Han sido 16 años de resistencia vecinal contra la intención del gobierno Barberá de abrir en canal el histórico barrio marinero protegido, que implicaba la destrucción de 1.300 viviendas y la expulsión del barrio de miles de vecinos. Y sentencia a sentencia, la Plataforma Salvem el Cabanyal ha desmontado las falacias de un proyecto concebido a mayor gloria de un puñado de voraces especuladores urbanísticos.

Las costas de 2.000 € suponen únicamente el último gasto directo e indirecto, de una larga lista de facturas que hemos estado pagando todas las valencianas a raíz del ilegal proyecto de prolongación. Por ese motivo, de ser concejal del futuro gobierno de València, me comprometo a que una de las primeras tareas del nuevo gobierno municipal será la de auditar todas las cuentas de la operación Cabanyal, poniendo el foco en la actividad de la empresa mixta público-privada Plan Cabanyal 2010, cuya presidencia ostenta el omnipresente vicealcalde Grau; auditando todas las facturas de abogacía y las costas por las sucesivas condenas; los gastos derivados de la redacción de informes jurídicos, de planes y de proyecto que dieran aparente cobertura legal y técnica al expolio del barrio.

Una vez realizado el diagnóstico, mi compromiso es que el nuevo gobierno municipal explore todas las vías judiciales para que Rita Barberá y todos los concejales que durante todos estos años han estado implicados en el derroche de dinero público para promover el proyecto ilegal, hagan frente con su patrimonio personal al coste que ha supuesto el intento de destrucción del Cabanyal.

Si el afán expoliador de Barberá era suyo y de su equipo, es de justicia que su factura también la paguen ellos.